La magistrada estadounidense Loretta Preska volvió a poner presión sobre el Estado argentino al insistir con la entrega de los chats y correos electrónicos de los exministros de Economía Sergio Massa y Luis Caputo dentro del juicio internacional por la expropiación de YPF. En una audiencia reciente, la jueza rechazó los planteos del Gobierno que aseguraban que esos mensajes no constituían documentos oficiales, y estableció que la entrega de esa información debe concretarse antes del 30 de octubre.
Por su parte, el Gobierno argentino viene preparando una estrategia para frenar ese mandato judicial. Según los últimos reportes, el Ejecutivo planea pedir ante la Justicia estadounidense que se suspenda temporalmente la orden de Preska hasta tanto se definan las apelaciones vinculadas al llamado “discovery”. La Procuración del Tesoro ya habría presentado un recurso ante la Corte de Apelaciones con ese objetivo.
Los demandantes del juicio —los fondos que reclaman el pago por la expropiación de YPF— sostienen que esos chats y correos personales pueden aportar evidencia clave de que la petrolera y el Estado argentino operaron como un solo ente (“alter ego”). Alegan que hay indicios públicos de que decisiones de Estado se gestionaron mediante dispositivos personales, lo que reforzaría sus pretensiones de embargar activos estatales para asegurar el cobro.
En ese sentido, Preska advirtió que el incumplimiento del mandato podría derivar en sanciones contra Argentina, como inferencias adversas o serias medidas de desacato. A su vez, el Gobierno sostiene que la jueza se ha excedido en su jurisdicción y rechaza entregar información privada de funcionarios. Mientras tanto, el proceso avanza hacia una definición clave: si la Argentina acata la orden dentro del plazo o entra en conflicto legal con nuevas instancias de apelación.
