Empleados del Espacio Memoria y Derechos Humanos, que funciona en el predio de la exESMA, cuestionaron la reciente decisión del Gobierno de desclasificar los archivos de la ex SIDE sobre la última dictadura militar. Consideraron que la medida busca “garantizar impunidad” a los responsables de crímenes de lesa humanidad y afirmaron que la iniciativa no es un debate novedoso, sino un intento de instalar una visión que la Justicia ya ha rechazado.
El anuncio oficial también incluyó la decisión de declarar delito de lesa humanidad el asesinato del capitán Humberto Viola, atribuido al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El presidente Javier Milei celebró ambas medidas y sostuvo en su cuenta de X que es necesario ir “a fondo en la búsqueda de la verdad” para que haya justicia. Sin embargo, desde la exESMA recordaron que la calificación de crímenes de lesa humanidad está determinada por tratados internacionales y no puede ser definida por el Poder Ejecutivo.
Los trabajadores del espacio señalaron además que la desclasificación de archivos es inviable en la práctica, ya que el Gobierno despidió al personal especializado del Archivo Nacional de la Memoria. Indicaron que actualmente la dirección de ese organismo está a cargo de Natalia Oriolo, una experta en criptomonedas sin antecedentes en derechos humanos o archivística.
Por último, remarcaron que la iniciativa oficial responde a un discurso que busca equiparar los crímenes de la dictadura con las acciones de organizaciones armadas, pero advirtieron que muchas de las personas a las que se pretende juzgar fueron desaparecidas, torturadas y asesinadas. “Es pura demagogia”, concluyeron.
