En un hecho que ha sacudido la política local, los concejales Walter Cardozo y Anahí Juárez presentaron una denuncia penal contra el presidente del Concejo Deliberante de Perico, Cristian (también mencionado como Diego) Valdiviezo, por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los legisladores denunciaron que el presidente habría impulsado pases anticipados a planta permanente sin consulta alguna con el cuerpo deliberativo y promovido la creación de una figura laboral inexistente, denominada “jornalizado de segunda”, con la que se beneficiaría a allegados políticos
Según detallaron, estas decisiones inconsultas derivaron en acciones perjudiciales para las finanzas municipales. Juárez denunció que, con el respaldo del oficialismo, se tramitaron al menos 14 resoluciones que habilitaron el ingreso irregular de personas mediante cargos “fantasmas”, sin que tales categorías estén contempladas en el presupuesto o la normativa local. Asimismo, alertaron que se trató de un nuevo intento del oficialismo para legalizar estas maniobras en una sesión reciente
La tensión escaló dramáticamente cuando, pocas horas después de hacer pública la denuncia penal el 5 de septiembre, la camioneta del concejal Cardozo fue incendiada presuntamente de forma intencional mientras estaba estacionada frente a su domicilio en el barrio San Miguel. Al intentar apagar el fuego, Cardozo sufrió quemaduras leves e inhalación de humo, por lo que fue hospitalizado primero en el Hospital Arturo Zabala de Perico y luego derivado a la Clínica Nuestra Señora de Fátima, en Palpalá, bajo observación en la unidad de terapia intensiva
La fuerte repercusión del hecho llevó al rechazo de distintos sectores políticos. El Frente Primero Jujuy Avanza expresó su solidaridad con Cardozo y repudió los actos de violencia e intimidación contra quienes denuncian irregularidades que afectan al bien común. A su vez, su abogado, Diego Orellana, calificó el ataque como «un atentado» y exigió una investigación exhaustiva de todas las partes involucradas —incluidos funcionarios actuales o pasados que puedan haber avalado o suscripto las decisiones cuestionadas
