La empresa provincial Cannava volvió a quedar en el centro de los cuestionamientos por el manejo de fondos públicos y la falta de transparencia en sus balances. La reciente transformación de la firma en una Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.) generó críticas de sectores políticos de Jujuy, que advierten sobre posibles limitaciones en los mecanismos de fiscalización y reclaman explicaciones acerca de los recursos invertidos desde su creación.
Advierten sobre una reducción de los controles
Cristina Guzmán, referente del Movimiento Popular Jujeño (MPJ), cuestionó la modificación de la estructura jurídica de Cannava y sostuvo que podría debilitar la supervisión de la Auditoría General de la Provincia. La dirigente advirtió que, pese al cambio societario, el capital de la empresa continúa siendo íntegramente estatal. Además, planteó interrogantes sobre el destino de los fondos, la producción de cannabis medicinal y la documentación respaldatoria de las operaciones comerciales.
La transformación fue publicada en el Boletín Oficial del 5 de octubre, donde consta la aprobación de un balance correspondiente a los primeros siete meses de 2026, junto con la ratificación de contratos, operaciones de importación y decisiones administrativas. También se estableció un capital social superior a los $6.690 millones, integrado parcialmente mediante la capitalización de aportes estatales anteriores. La documentación oficial sostiene que estas decisiones cumplen con los requisitos legales y que la Auditoría General podrá ejercer sus funciones de control.
Reclaman explicaciones sobre las inversiones
Los cuestionamientos también llegaron al Concejo Deliberante de Palpalá, donde representantes del Frente de Izquierda impulsaron un pedido de informes sobre la actividad de Cannava en Finca El Remate. La iniciativa busca conocer los balances financieros, el destino de la producción de aceite medicinal y los resultados económicos de la empresa. Asimismo, los concejales señalaron que existen dificultades para obtener respuestas de los organismos provinciales y municipales.
Las críticas se suman a antecedentes vinculados con observaciones contables y rendiciones de cuentas pendientes de ejercicios anteriores. Durante 2025 se conocieron cuestionamientos sobre documentación faltante y registros financieros correspondientes a la gestión de Gastón Morales, expresidente de Cannava. En este contexto, distintos sectores insisten en la necesidad de garantizar el acceso público a la información y verificar el destino de los recursos provinciales, aunque las denuncias planteadas no constituyen por sí mismas pruebas de irregularidades en la administración de los fondos.
