La reciente transformación de la Secretaría de Minería en un Ministerio de Minería en la provincia de Jujuy provocó cuestionamientos públicos entre diversos sectores políticos y sociales. La medida, oficializada a principios de enero de 2026 con el nombramiento de José Gómez al frente de la nueva cartera, fue defendida por el gobierno como una apuesta estratégica al desarrollo minero, dadas las crecientes inversiones en litio y otros minerales en la región. Sin embargo, parlamentarios de la oposición provincial han interpretado esta decisión como una ampliación innecesaria de la estructura estatal y un aumento de los gastos públicos en momentos de debate sobre ajuste fiscal.
El diputado nacional Manuel Quintar calificó la creación del ministerio como “un gasto superfluo” y sostuvo que va “en contramano de lo que la sociedad quiere”, en referencia, según él, al reclamo por políticas de ajuste y menor gasto estatal. Quintar también denunció que la ampliación de la planta estatal podría responder a intereses de acomodar funcionarios y allegados más que a necesidades productivas reales.
Por su parte, el diputado provincial Kevin Ballesty enfocó sus críticas en la falta de transparencia y planificación de la política minera. Ballesty alertó que la decisión de crear un ministerio dedicado exclusivamente a minería podría relegar a otros sectores productivos como la agricultura y la ganadería, además de señalar que los datos sobre regalías y beneficios económicos del litio no se actualizan ni publican con regularidad. Según el legislador, esta falta de información pública evidencia “incompetencia administrativa” y corresponde a un déficit de transparencia sobre cómo se gestionan los recursos mineros provinciales.
Las críticas se dan en un contexto de expansión del sector minero en Jujuy, donde la explotación de litio y otros minerales atrae inversiones significativas, generando empleo y oportunidades económicas, pero también debates sobre impactos ambientales, repartición de beneficios y prioridades de desarrollo regional. La discusión abierta sobre la creación del Ministerio de Minería refleja tensiones más amplias entre una política de fomento a la minería como motor productivo y las demandas de transparencia, equilibrio económico y control del gasto público por parte de sectores opositores y de la sociedad civil.
