La continuidad del programa social Volver al Trabajo quedó envuelta en una fuerte disputa entre el Gobierno nacional y la Justicia, generando un escenario de incertidumbre que impacta de lleno en miles de familias. Mientras desde Nación se había confirmado el fin del plan a partir de abril, una medida judicial ordenó sostener los pagos a nivel nacional, lo que abrió un nuevo capítulo de tensión institucional.
El conflicto escaló luego de que el Ministerio de Capital Humano anunciara que apelará la resolución judicial. La decisión deja en suspenso la implementación efectiva del fallo y prolonga la falta de certezas sobre el futuro del programa, que alcanza a cerca de 900.000 beneficiarios en todo el país.
En Jujuy, la situación adquiere especial gravedad: alrededor de 60.000 personas dependen de este ingreso y siguen sin definiciones claras. La falta de precisiones sobre la continuidad del plan mantiene en alerta a organizaciones sociales y a los propios beneficiarios, que observan con preocupación cómo se dilatan las respuestas concretas.
A este escenario se suma el malestar de referentes sociales, que reclaman medidas urgentes y cuestionan la ausencia de soluciones estructurales. También advierten sobre posibles recortes en otros programas y no descartan impulsar protestas en los próximos días, en el marco de una convocatoria nacional, si la situación no se encamina hacia una resolución que garantice la asistencia social.
