Diversas comunidades de pueblos originarios de Jujuy han elevado denuncias formales contra la Fiscalía Federal, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Secretaría de Pueblos Indígenas de la provincia. La problemática central gira en torno a la persistente falta de entrega de personería jurídica y de títulos comunitarios sobre sus tierras ancestrales. Esta situación, que ha sido calificada como un «avasallamiento de tierras y desalojos», ha generado gran preocupación entre los referentes indígenas, quienes exigen el cumplimiento de sus derechos.
La tensión se ha incrementado a raíz de recientes episodios en localidades como Cueva del Inca, en Tilcara, y Finca El Pongo, en Perico, donde las comunidades denuncian haber sido víctimas de despojos territoriales. En este contexto, los pueblos originarios han expresado su hartazgo ante la inacción de las autoridades, manifestando que “las comunidades dijeron basta y hoy están exigiendo lo que por derecho corresponde”, según declaraciones vertidas durante un reciente encuentro con funcionarios del gobierno provincial.
Raúl Sajama, vicepresidente de la comunidad de Angosto El Perchel, destacó que las tierras que ocupan les pertenecen por derecho ancestral y que existe documentación histórica que respalda su posesión mucho antes de la conformación del Estado argentino o de la provincia de Jujuy. Sajama enfatizó que el gobierno no debe «otorgar» la posesión de estas tierras, ya que las comunidades las han habitado desde tiempos inmemoriales.
Finalmente, el referente de Angosto El Perchel también ha dirigido fuertes críticas a la reforma constitucional impulsada por el gobierno de Gerardo Morales, calificándola como una “avanzada” que no solo afecta los derechos de los pueblos indígenas, sino que representa un retroceso para toda la población jujeña. Las comunidades sostienen que esta reforma se implementó sin la debida consulta previa e informada, contraviniendo la Ley Nacional 24.071 y el Convenio 169 de la OIT.
