El Gobierno nacional ha impulsado en las últimas semanas un plan para revisar y modificar la Ley de Glaciares (Ley 26.639), vigente desde 2010 y considerada una de las normas ambientales más importantes del país. La revisión fue incluida oficialmente en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, y se busca presentar un proyecto que redefina el concepto de ambiente periglacial y traslade su regulación a las provincias. Según fuentes oficiales, esto formaría parte de una estrategia para facilitar inversiones productivas, especialmente en minería y energía, que actualmente enfrentan restricciones por la legislación vigente.
Los cambios propuestos —que podrían redefinir los límites de las áreas protegidas y ampliar las autorizaciones provinciales para actividades económicas— tienen un fuerte enfoque en destrabar inversiones en proyectos de cobre, litio y otros minerales estratégicos. Sectores del Gobierno argumentan que la ley actual genera “incertidumbre jurídica” para emprendimientos millonarios, como El Pachón en San Juan, valuado en casi USD 9.500 millones, que han tenido dificultades para avanzar debido a las restricciones ambientales.
Sin embargo, organizaciones ambientales, científicos y amplios sectores de la sociedad civil han reaccionado con alarma ante los posibles cambios. Denuncian que la reforma reduciría drásticamente la superficie de glaciares y ambientes periglaciales protegidos, comprometiendo reservas estratégicas de agua dulce, vulnerables ante el cambio climático y la escasez hídrica creciente. Movimientos ambientalistas convocaron a marchas y jornadas de defensa de la Ley de Glaciares en más de 30 ciudades del país, resaltando que estas formaciones heladas son esenciales para sostener cursos de agua y ecosistemas andinos.
Desde los sectores críticos, advierten que modificar esta ley en un contexto donde los glaciares ya han perdido casi la mitad de su superficie en las últimas décadas podría acelerar la degradación ambiental y afectar la disponibilidad de agua para comunidades, agricultura, turismo y biodiversidad. Organizaciones como Greenpeace y FARN sostienen que debilitar las protecciones comprometidas por la normativa implicaría un retroceso en políticas ambientales e iría en contra de acuerdos internacionales que promueven la conservación y el acceso seguro al agua como un derecho fundamental.
