Organizaciones sociales y referentes de derechos humanos volvieron a reclamar la aprobación de una Ley de Hábitat Digno en Jujuy, ante las dificultades que enfrentan miles de familias para acceder a una vivienda adecuada. Este lunes 19 de octubre, integrantes del Foro Provincial por el Hábitat Digno y el Acceso a la Vivienda presentaron en la sede de Cáritas las conclusiones del Primer Congreso del Hábitat Digno del Norte Grande Argentino, realizado el pasado 3 de octubre en San Salvador de Jujuy.
Durante la presentación, los referentes advirtieron que la falta de viviendas, el hacinamiento y las dificultades para acceder a servicios básicos afectan directamente la calidad de vida de las familias jujeñas. Según señalaron, estas condiciones también pueden profundizar situaciones de violencia intrafamiliar, problemas de salud y deserción escolar. En ese contexto, insistieron en que el acceso a un hábitat digno no debe limitarse a la construcción de viviendas, sino contemplar agua potable, electricidad, cloacas, transporte, educación y atención sanitaria.
Reclaman una ley que garantice el acceso a la vivienda
Entre las principales propuestas surgidas del Congreso se encuentra la declaración de la emergencia habitacional, acompañada de presupuesto específico y participación ciudadana. También plantearon la creación de un Observatorio del Hábitat, mecanismos de asistencia jurídica gratuita para familias que enfrentan desalojos y la revisión de la Ley Provincial 6099 de Ordenamiento Territorial. Las iniciativas buscan avanzar en la regularización de asentamientos, la urbanización de barrios populares y el acceso equitativo a la tierra.
El proyecto de Ley de Hábitat Digno, presentado en mayo por la diputada provincial Daniela Vélez con el acompañamiento de organizaciones sociales, continúa a la espera de avances legislativos. Mientras los integrantes del Foro reclaman su aprobación, desde el área provincial de Ordenamiento Territorial sostuvieron que no sería necesario declarar la emergencia, debido a las acciones que ya se encuentran en marcha. Las organizaciones insisten en la necesidad de establecer políticas públicas sostenidas y garantizar respuestas concretas para las familias que todavía no cuentan con condiciones habitacionales adecuadas.
