El Gobierno nacional, mediante el Consejo de Mayo, decidió acelerar la presentación del proyecto de reforma laboral: la fecha del documento final pasó del 15 al 9 de diciembre, con la intención de incluirlo entre las iniciativas que se debatirán en las sesiones extraordinarias desde el 10 de ese mes.
Sin embargo, la última reunión del Consejo concluyó sin los consensos esperados. Representantes sindicales, encabezados por CGT a través de su dirigente Gerardo Martínez (titular de la UOCRA), manifestaron su rechazo al borrador oficial. Martínez advirtió que la “modernización laboral” del Ejecutivo no puede implicar la pérdida de derechos: al salir del encuentro, señaló que están “en las antípodas” con los lineamientos planteados.
El proyecto en debate contempla una reforma profunda que abarcaría temas como ultra-actividad, convenios colectivos, cargas fiscales, financiamiento de sindicatos y cámaras, regulación del empleo formal e informal, derechos colectivos, trabajo autónomo, democracia sindical y otros puntos sensibles para gremios y trabajadores.
Pese a los esfuerzos oficiales por presentar una versión consensuada, la falta de acuerdo con sectores clave pone en entredicho su legitimidad.
Aun así, fuentes del Gobierno dejaron trascender que, si no se logra consenso, avanzarán con una redacción propia. Esto genera alarma entre sindicatos y organizaciones de trabajadores, que advierten que la reforma podría aprobarse aun sin respaldo social mayoritario
