El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó una serie de allanamientos simultáneos a tres droguerías que distribuyeron fentanilo contaminado a hospitales y clínicas del país. También dispuso nuevas requisas en los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, fabricantes del producto, donde ya se habían realizado operativos el pasado 15 de mayo. En los procedimientos se incautaron ampollas, precursores químicos, documentación y “muestras museo” de los lotes involucrados. La justicia intenta determinar si hubo fallas en los controles de calidad, negligencia o incluso un sabotaje, como sugieren fuentes cercanas a HLB Pharma.
La crisis sanitaria se originó a partir de una denuncia presentada por la jefa de Microbiología del Hospital Italiano de La Plata, María Virginia González, quien detectó la presencia de las bacterias Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae en ampollas del fármaco. Estas bacterias, poco frecuentes en entornos hospitalarios, causan neumonía y presentan alta resistencia a los antibióticos. El hospital había advertido el 15 de abril los primeros casos y comunicó formalmente la situación a la ANMAT recién el 2 de mayo.
Un informe del Instituto Malbrán, enviado al juzgado, confirmó que al menos 33 pacientes fallecieron tras recibir el medicamento contaminado, en su mayoría mientras estaban intubados o en unidades de terapia intensiva. Los casos confirmados ascienden a 54, con otros 12 en estudio, distribuidos en Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén y CABA. Las muestras analizadas coincidieron con las cepas encontradas en los pacientes, lo que motivó la inclusión del episodio como brote por medicamento contaminado en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA).
La ANMAT prohibió el 13 de mayo el uso del fentanilo de los lotes afectados en todo el país. Dos días después se allanaron las sedes de HLB Pharma, Laboratorios Ramallo y la droguería Nueva Era de Rosario, que había provisto al Hospital Italiano. Ahora, la justicia busca reconstruir la trazabilidad de la sustancia y verificar si hubo desvío del opiáceo con fines ilícitos, como ocurrió en otros casos resonantes, entre ellos el triple crimen de General Rodríguez.
